Ministerio Público exigirá responsabilidad tanto por actuación como por omisión en los casos donde se pruebe la comisión de delitos en albergues
febrero 18, 2021

El Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, dio a conocer que se han identificado aproximadamente ocho procesos de investigaciones iniciadas en los últimos dos años, sobre la presunta comisión de diversos delitos cometidos en distintos albergues infantiles que operan en el territorio nacional.

En estos procesos se han dado imputaciones, acusaciones y algunos están en espera de la realización de juicios.

El jefe del Ministerio Público reiteró su compromiso y determinación de realizar las investigaciones, mucho más allá del contenido del informe elaborado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, con objetividad y celeridad garantizando a la ciudadanía que las mismas van a dar como resultado la acreditación de los hechos punibles que existan o que se hayan dado dentro de los albergues.

Se va a exigir responsabilidad por todo hecho que se investigue, ya sea por denuncias presentadas o por las que haya abierto el Ministerio Público, tanto por la comisión de los actos delictivos como por omisión, aseveró el Procurador General.

“Vamos a revisar que se haya cumplido con el deber de fiscalización que tienen las distintas instituciones del Estado y vamos a cumplir con nuestro papel de exigir responsabilidad de todas aquellas personas que aparezcan involucradas”, indicó Ulloa.

Asimismo, dijo el Procurador General de la Nación, que dio instrucciones a los Fiscales de Familia a cargo de las investigaciones para que realicen todas las diligencias necesarias, dirigidas principalmente a tomar medidas de protección para los menores de edad que están en estos momentos en los albergues. El Procurador Ulloa recordó las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en agosto de 2020, cuando por denuncia la sección de Familia de la Fiscalía Metropolitana inició una investigación e intervino un albergue ubicado en Tocumen, donde las personas que lo administraban fueron desalojadas del mismo.

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