La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, imputó cargos por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales a un exdirector de una entidad pública, quien ejerció el cargo durante el periodo 2019-2024. En la misma audiencia, una mujer fue imputada por el delito de blanqueo de capitales.

Por los riesgos procesales, el juez de garantías ordenó la detención provisional del exfuncionario. A la mujer imputada se le impusieron las medidas cautelares de reporte periódico los días lunes y viernes, prohibición de acercarse a los coimputados y prohibición de salida del país.

Estas imputaciones forman parte de la operación “Cuestor”, desarrollada tras una investigación iniciada en mayo de 2026, a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que reveló un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente B/.724,682.39, en perjuicio del Estado.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.