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PROTOCOLO DE DELITOS SEXUALES

Por su naturaleza, los Delitos Contra la Libertad y la Integridad Sexual tienen consecuencias inmediatas y mediatas para quienes lo sufren, y cuyos efectos pueden agravarse si no se brinda un trato con prontitud, empatía y con respeto a la dignidad humana. De allí, que los profesionales que interactúan con las víctimas de estos delitos durante el proceso, deben ser sensibles al padecimiento.

Tomando en consideración la importancia de las víctimas de este tipo de delitos, quienesocasionalmente ostentan el rol de “víctimas – testigos”, surge la necesidad de situarlas como eje central del proceso, tal como se resumen en las “Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos”, por lo que es menester presentar a los operadores de justicia del Ministerio Público, una herramienta que establezca los criterios de priorización, condición de vulnerabilidad y el abordaje sobre el tratamiento que deben recibir estas personas para evitar la revictimización o fallas en el proceso.

En este sentido, se pone en marcha la elaboración del Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, cuyos principios rectores están relacionados con la práctica diaria de las labores desde el interior de las “Unidades de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal” y tiene por objetivo establecer procedimientos estandarizados de atención.

En razón de ello, se procura una participación de la víctima, donde se le asegure su bienestar físico, psíquico y emocional, frente a su colaboración en las distintas etapas del proceso, asumiendo el Ministerio Público, a través de la SEPROVIT, la responsabilidad de crear un clima favorable que les garantice los derechos universalmente reconocidos.

Sin duda alguna, la protocolización de las actuaciones en materia de víctimas de delitos sexuales, es el resultado del estudio y análisis de normas e instrumentos internacionales vigentes en la República de Panamá, cuyo objetivo es situar a las víctimas en el lugar que corresponde dentro del sistema de administración de justicia, sin descuidar que son fundamentalmente los funcionarios quienes atienden a éstas, los que tienen la responsabilidad de brindar un servicio integral, basado en el respeto y la dignidad humana, dentro del sistema de justicia.