Tres medidas sustitutivas de trabajo comunitario, fueron revocadas, por parte el Ministerio Público en Chiriquí, a través de la Sección de Cumplimiento, a cargo de la Fiscal Minoshka Machado.

La fiscal indicó que una vez se establece el acuerdo que beneficia a la persona condenada, se le da el seguimiento debido, de manera tal de garantizar que cumpla con lo dispuesto por el Juez en la sentencia, aclarando que su incumplimiento acarrea una suspensión del beneficio y el debido cumplimiento de la pena en un centro penitenciario.

El primero de los casos expresó fue el de Olmedo Antonio Pittí, quién había sido condenado por el delito de robo agravado, al mismo se le había impuesto la pena de 60 meses de trabajo comunitario en el Municipio de David.

Indicó que durante el seguimiento se logró comprobar que luego de algunos meses, se había evadido del puesto de trabajo, por lo cual se declaró prófugo y en conjunto con los agentes de la Dirección de Investigación Policial, se coordinaron las acciones que permitieron su captura.

Ante un Juez de Cumplimiento, la fiscal Machado, presentó sus argumentos solicitando se dejará sin efecto, el beneficio de trabajo comunitario, lo cual fue aceptado, no obstante, ante la apelación de la defensa, el caso se elevó ante el Tribunal de Apelaciones, el cual ratificó la disposición del Juez, ordenando el cumplimiento de la pena completa de 60 meses de dicho ciudadano dentro de un centro penal.

El segundo de los casos, Raquel Beitía Morales, quién había sido condenada a 60 meses por el delito contra la vida e integridad personal, cumplía trabajo comunitario en el Municipio de David, ante su incumplimiento, se ordenó su detención y ante un Juez de, se ordenó el cumplimiento de la pena en el Centro de Rehabilitación Femenino.

El último de los casos se dio con Javier Enrique Atencio, quién cumplía condena por el delito de robo, en un centro educativo en el distrito de David; en este, se solicitó la suspensión ante el Juez de Cumplimiento y ante la apelación de la defensa, se elevó ante un Tribunal de Apelaciones que accedió a la solicitud de la fiscal de suspender el beneficio y ordenar el ingreso del condenado a un centro penal.

B. Caballero.