El Ministerio Público, junto a una delegación del Gobierno, participaron de una jornada de trabajo, el pasado 20 y 21 de enero en Panamá, en la que estuvieron presente las Oficinas y Unidades de Cooperación Judicial de los países miembros del SICA que son parte del proyecto ICRIME, tratándose del primer encuentro para reforzar conocimientos y consolidar acciones que les permita mejorar en tiempo y forma las asistencias regionales en beneficio de la judicialización efectiva de casos contra el crimen organizado transnacional y de este modo avanzar en la coordinación judicial y reforzar sus procedimientos frente al crimen organizado.
Las representaciones de los países beneficiarios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), analizaron la propuesta, perspectivas y sostenibilidad de un mecanismo de coordinación operativa de las oficinas y unidades de cooperación jurídica internacional. Esta acción es parte de las actividades contempladas en el Resultado 2 del proyecto ICRIME, que ejecuta el consorcio compuesto por la Fundación española FIIAPP y la agencia Expertise France, y es coordinado por la Dirección de Seguridad Democrática de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE).
El Director de Seguridad Democrática, Hefer Morataya, se refirió a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), del cual se desprende el proyecto ICRIME, como un instrumento clave en materia de seguridad que está vigente desde su revisión y su lanzamiento en 2010 por los países miembros del SICA, el cual aseguró recoge las prioridades en materia de seguridad regional de los países.
“Esta actividad que nos reúne es para detectar los intereses de los países beneficiarios en relación con las posibilidades, perspectivas y sostenibilidad de un mecanismo de coordinación para reforzar el desarrollo de la cooperación penal internacional”, aseguró.
Asimismo, manifestó que “ICRIME en su redacción inicial subraya las dificultades con las que se enfrentan las autoridades nacionales para integrar las pruebas al expediente acusatorio de la evidencia que se encuentra fuera del país donde se lleva la causa penal, por eso el proyecto fortalecerá los procedimientos y las instituciones destinadas a investigar los delitos relacionados con el crimen organizado, con una perspectiva trasnacionales y apoyar la mejora de su judicialización. Las acciones del resultado 2, buscan fortalecer los procesos de cooperación investigativa y judicial para enfrentar a las estructuras criminales transnacionales”.
El Resultado 2 considera el papel de las autoridades centrales como un elemento sustantivo para agilizar la asistencia que se requiere entre los Estados.
Por su parte, el experto principal del Resultado 2 del proyecto, Robert Ampuy, del consorcio FIIAPP- Expertise France, habló sobre la necesidad de elaborar un modelo común para agilizar los procesos relacionados con la asistencia judicial recíproca, e insistió en la indispensable sostenibilidad del mecanismo de cooperación judicial regional planteado.
“Este es un primer paso, pusimos juntos la primera piedra de una construcción que está en sus manos. Nosotros, Expertise France, nos comprometemos como lo hemos hecho, en apoyar las próximas actividades para consolidar este edificio, en el conocimiento mutuo, recíproco, actualización de los datos de los responsables de las unidades de cada país, seguir con el intercambio de buenas prácticas, de modelos eficientes, de novedades, de jurisprudencias progresistas e innovadoras que hacen adelantar el camino”, explicó.
Además, refirió que es necesario seguir armonizando los procesos relacionados con la asistencia judicial recíproca y elaborar un modelo común para agilizarlos. “No es normal esperar varios meses, incluso años, para dar respuesta a una solicitud de asistencia internacional en el mismo tiempo que las organizaciones criminales cruzan muy rápidamente las fronteras”, concluyó.
Por otra parte, se contó con la participación de expertos centroamericanos, el Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, César Ernesto Salazar Grande, quien expuso sobre el fundamento jurídico regional de un mecanismo de coordinación entre los Estados en materia de cooperación judicial internacional; los juristas Werner Vargas y Manuel Lemus, abordaron la propuesta del protocolo de actuación para el desarrollo de la cooperación penal internacional en la región.
El encuentro también tuvo como objetivo analizar y detectar las necesidades de equipamiento y adquisición de suministros, a cargo de los expertos de la Fiscalía General del Estado de España, los fiscales Francisco Borja Jiménez y Aránzazu San José González, quienes a partir de los resultados elaborarán un plan de equipamiento por país; además se aprobó una hoja de ruta que marca los siguientes pasos para construir una agenda de trabajo de común.
Las representaciones agradecieron la ejecución de esta acción impulsada por la SG-SICA, FIIAPP y la cooperación de la UE, y mostraron su interés de fortalecer la coordinación en esta temática para tener herramientas frente al crimen organizado trasnacional. El proyecto ICRIME en sus resultados 1 y 2 tiene por objetivo fortalecer los procedimientos e instituciones destinadas a investigar los delitos relacionados con el crimen organizado con perspectiva transnacional y apoyar la mejora de la judicialización mediante una mayor capacitación de todo el sistema penal.
