Desde hace más de veinte años, Panamá viene realizando cambios importantes al sistema de administración de justicia; el día 2 de septiembre de 2011, se dio inicio a un proceso de cambio de políticas públicas destinadas a la modernización y adecuación del sistema judicial, a los principios de un Estado de derecho, atendiendo al clamor social que exigía justicia pronta y efectiva. Con esta nueva política pública, se buscó incorporar los derechos humanos y los estándares internacionales relativos al proceso penal, a los sistemas de administración de justicia, así como adecuarlos al desarrollo social, económico, político y cultural experimentado por la sociedad panameña en estos últimos años.
La Reforma Procesal Penal, significó un cambio de usos y costumbres respecto al antiguo modelo de justicia criminal; se estableció una clara separación de funciones, correspondiéndole al fiscal realizar la investigación de forma objetiva; mientras que al juez le corresponde la función jurisdiccional, por lo que el sistema es más eficiente y transparente. Además, en el Nuevo Modelo de Justicia Procesal se incorporan los Procedimientos Alternos para la solución del conflicto penal de manera que las partes pudieran recurrir a esos medios para resolver su conflicto y así contribuir a restaurar la armonía y la paz social, también se incluyó un catálogo de medidas de protección a víctimas, testigos y colaboradores del proceso, como medidas de protección ambiental y urbanística.
Poco a poco, el Ministerio Público avanza en la transformación de la justicia panameña adoptando un nuevo Modelo de Gestión para la Fiscalía Metropolitana, a través del cual se realizaron algunos ajustes que permitieron que la institución trabajara con mejores estándares de eficiencia y eficacia; y así, generar un mejor escenario para el desarrollo de las investigaciones mediante especialidades de manera que haya concentración de recursos y personal capacitado para cada una de las materias concretas que se debe atender, este cambio ha permitido que las causas que ingresan a las diferentes secciones se mantengan a cargo de un Fiscal, desde su inicio.
Resulta esencial la adopción de una política de persecución penal acorde con los lineamientos estratégicos del Ministerio Público donde se respeten los derechos fundamentales de las partes en el proceso penal, que incluya el análisis de información relevante para identificar patrones de conducta delictiva, y que garantice una respuesta adecuada a los diferentes fenómenos criminales que se plantean ante el Ministerio Público.
Al transcurrir 11 años de la implementación del sistema procesal penal en Panamá, podemos resaltar el trabajo en equipo que han hechos los Fiscales de las diferentes secciones, lo que ha permitido avanzar en el cumplimiento de los objetivos del nuevo Modelo de Gestión y poder dar una respuesta pronta, eficiente y eficaz a la ciudadanía.
El trabajo no ha sido fácil; sin embargo, Fiscales y colaboradores del Ministerio Público seguirán trabajando en pro de la justicia con miras a ser una institución integrada por profesionales con principios éticos, comprometidos con la prestación de un servicio integral que facilite el acceso a la justicia, respetuosos de los Derechos Humanos, que genere confianza en la ciudadana y propicie una cultura de Paz.
