Durante un acto de audiencia, la fiscal de Litigación Temprana de la fiscalía Regional de San Miguelito, Ingrid Singh, solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de cargo por el delito de amenaza real, tangible y comprobable en contra de dos servidores de la Fuerza Pública (Linces), los cuales fueron aceptados por la juez de Garantías, Massiel Ruiz.
El Tribunal de Garantías ordenó la suspensión del proceso penal seguido al procesado por el período de un año, sujetas a las condiciones de no acercarse a las unidades víctimas, ni cometer otro delito igual u otro de carácter doloso, reglas que deberá cumplir a cabalidad, con el propósito de extinguir, es decir dejar sin efecto la acción penal que se le sigue por el delito de amenaza a un miembro de la Fuerza Pública.
Los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2017, a las 10:15 de la mañana en el sector Dos mil de Torrijos Carter, cerca de la vereda que colinda con la cancha de Curunducito, cuando dos unidades de los Linces se acercaron a un grupo de personas que se encontraban en actitud inusual para solicitar documentos de identidad personal.
Uno de los individuos que se encontraba en el grupo se tornó violento y grosero, e incluso aludió ser menor de edad e insultó y amenazó a las unidades con palabras soeces, lanzando advertencias tales como: “cuando los vea en civil, les tiro bala”.
Las unidades le indicaron al hombre que las amenazas constituían un delito por el cual tuvieron que reducirlo y colocarles las esposas; explicándoles los artículos 22 y 25 de la Constitución Nacional, el 325 del Código Procesal Penal. Por medio de la revisión superficial, se pudo verificar que no se trataba de un menor de edad.
En el acto de audiencia el imputado admitió los hechos, solicitó disculpas púbicas a las unidades policiales.
I. Del Vecchio.
