La Fiscalía Regional de Panamá Oeste llevó a cabo, este viernes 6 de febrero de 2026, una reunión de coordinación con fiscales, personeros y representantes de los distintos estamentos de seguridad de la provincia, con el objetivo de establecer y reforzar las acciones preventivas que se desarrollarán durante las festividades del Carnaval.
La fiscal superior, Dayra Botello, indicó que este encuentro tuvo como propósito fortalecer los canales de comunicación y coordinación entre las instituciones, así como definir los procedimientos y tácticas orientadas a la prevención del delito, la atención oportuna de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, a fin de garantizar el orden público antes, durante y después de las actividades propias de estas festividades.
Botello agregó que las secciones de Atención Primaria de Arraiján y La Chorrera mantendrán atención las 24 horas, mientras que las Personerías estarán de turno mediante llamada; además se contara con turnos presenciales en las distintas secciones, conforme a las planificaciones y coordinaciones establecidas, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a los usuarios.
Durante la reunión se abordaron también temas relevantes como: la tramitación de casos en áreas de playa, delitos como hurtos y posesión de armas, la atención de casos relacionados con adolescentes, puntos de control y el incremento del pie de fuerza policial para reforzar las zonas de mayor afluencia.
Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas del Carnaval de manera responsable y a colaborar denunciando cualquier hecho que atente contra el orden y la tranquilidad pública mediante las líneas telefónicas de la Sección de Atención Primaria de La Chorrera al 509-5084, en la Sección de Atención Primaria de Arraiján al 346-1790/346-1791, a la Policía Nacional de Capira al 6534-3063, a la Policía de San Carlos al 346-0719 o 0722 y a la Policía de Chame al 509-9608 o 346-0731.
La Fiscalía Regional de Panamá Oeste reitera la importancia del trabajo conjunto entre la Procuraduría General de la Nación y los estamentos de seguridad para brindar una respuesta eficaz ante cualquier hecho delictivo y asegurar el cumplimiento de la ley en toda la provincia.
