La procuradora general de la Nación Kenia I. Porcell D. y el ministro de Gobierno Milton Henríquez revelaron en conferencia de prensa el operativo que permitió desmantelar la red de corrupción que afecta las cárceles del país, de acuerdo a la denuncia que presentó el ex director del Sistema Gabriel Pinzón, el 4 de diciembre del 2015.
El operativo que se desarrolló con la coordinación del fiscal Auxiliar de la República Marcelino Aguilar A. dio a conocer que a partir de la denuncia presentada se inició la investigación interna que permitió detectar una supuesta red que operaba desde hace años en el Sistema Penitenciario.
Según informaron las altas autoridades, la red podría estar conformada por funcionarios, ex-funcionarios, particulares y privados de libertad que concertadas, entre otras cosas; habrían alterado sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, falsificando mandamientos y boletas de libertad, modificado listas de conmutación de penas y manipulando traslados de privados de libertad.
Por su parte, la procuradora general de la Nación Kenia I. Porcell D. explicó que el modus operandi consistía en solicitar dinero a cambio de alteración de información de los privados de libertad, contenida en la base de datos del Sistema Penitenciario para obtener libertades, y para traslados a otros centros. Una familia fue estafada hasta por 70 mil dólares, con la promesa de liberación de un recluso; también se dedicaban a la falsificación de boletas de libertad y solicitaban dinero para traslado de privados de libertad a sus diligencias.
De acuerdo al Fiscal Auxiliar, producto de la investigación interna en el Sistema Penitenciario y posteriores denuncias ante el Ministerio Público, el miércoles 10 de agosto 2016 se realizó la “Operación Reclusión”, que dio con la aprehensión de 13 personas, entre los que se encuentran 4 funcionarios del Sistema Penitenciario; 3 exfuncionarios; 2 privadas de libertad y 4 particulares.
Las aprehensiones se dieron en los centros penitenciarios La Joya, el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari; en la Cárcel Nueva Esperanza en la provincia de Colón, así como algunas residencias y oficinas donde laboraban las personas supuestamente implicadas. Los cargos que se les puede imputar a esta red están la falsificación y estafa, entre otros.
El operativo fue realizado de manera conjunta entre la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público, el Departamento de Inspectoría General del Sistema Penitenciario, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional (PN); igualmente, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario reiteran a la ciudadanía que seguirán trabajando en su lucha permanente contra los actos de corrupción
