El 2 de agosto de 2017, el Tribunal Superior de Apelación de Panamá conformado por los magistrados Yiles Pitti, Luis Mario Carrasco y Gustavo de Gracia (presidente) concedieron a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, una prórroga de tiempo en la investigación que se lleva por la comisión de un delito de Tráfico Ilícito de Migrantes, causa que instruye el Fiscal Adjunto Miguel Tuñón Morán, donde se sustentó como fundamento de derecho la Ley 121 del 31 de diciembre del 2013.
La investigación por este hecho, inició el 26 de enero con la captura de diez miembros de esta red que comparecieron a una audiencia de control realizada el pasado 28 de enero, donde un juez legalizó la aprehensión, imputó cargos a los indiciados y ordenó las medidas cautelares de detención provisional.
Durante la audiencia mediante el Sistema Penal Acusatorio, a dos funcionarios del Servicio Nacional de Migración del control del distrito de Chepo, se les imputó el delito de Tráfico Ilegal de Migrantes y se ordenó las separaciones del cargo de ambos.
Esta red que fue desarticulada, también estaba integrada por ciudadanos panameños y de origen chino. Por este caso hay hasta el momento 20 víctimas, incluyendo una menor de edad de seis años.
Las víctimas fueron ubicadas en diversos comercios en el corregimiento 24 de Diciembre y puestas a órdenes de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas (UPAVIT), del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Migración y Secretaria de Niñez y Adolescencia (SENNIAF) en el caso de la menor de edad.
El Ministerio Público contaba con 6 meses para culminar la investigación tiempo otorgado por el juez de Garantías, sin embargo ahora se le concedió un plazo más amplio para continuar las investigaciones, en la cual ya se han señalado a 13 personas como responsables del delito de Tráfico Ilegal de Migrantes.
Y. Rivera.
