El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, participó hoy en el programa radial Procuraduría Contigo, transmitido por Nacional FM 101.7 y en simultáneo por las redes sociales institucionales. En este espacio, el Procurador compartió con la ciudadanía los detalles de dos importantes iniciativas legislativas orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción en Panamá.
La primera de ellas, denominada Ley General Anticorrupción, introduce reformas al Código Procesal Penal para dotar a las fiscalías de mayores herramientas en la investigación de delitos de corrupción. Entre los principales avances se incluye la posibilidad de sustentar los casos con auditorías internas o informes financieros especializados, el uso de técnicas especiales de investigación (interceptaciones, operaciones encubiertas, entregas vigiladas y compras controladas), la aprehensión provisional de bienes y la ampliación de los plazos de prescripción. También se establece un régimen para declarar causas complejas, se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional y se regula la obligación de las instituciones públicas de actuar como querellantes y colaborar con el Ministerio Público en plazos definidos.
“El propósito de esta ley es claro: que la corrupción no siga quedando impune. Con estas herramientas buscamos investigaciones más eficaces y oportunas, protegiendo los recursos del Estado y asegurando que quien robe responda”, afirmó el Procurador General durante la entrevista.
La segunda propuesta corresponde al anteproyecto de ley que modifica el Código Penal, el cual contempla el aumento de penas para los delitos relacionados con la administración pública. Entre las reformas más relevantes se encuentra la modificación al artículo 349, que sanciona a quienes acepten nombramientos en cargos públicos sin prestar el servicio —conocido como “botellas”. En este caso, se elimina la multa y se establece una pena de cuatro a seis años de prisión.
El Procurador General explicó que el incremento de penas no solo implica condenas más severas, sino que también amplía los plazos de prescripción de los delitos, garantizando mayor efectividad en las investigaciones y procesos judiciales.
Con la presentación de estas iniciativas, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la construcción de una justicia oportuna, técnica y transparente, alineada a los estándares internacionales y orientada a recuperar la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción
