La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana imputó cargo a dos personas por el delito de robo agravado; al ciudadano Rafael Antonio Meneses Flores en acuerdo de pena, se le condenó a 96 meses de prisión, mientras que a la otra persona se le decretó la medida cautelar de detención provisional, en audiencia de solicitudes múltiples ante un Juzgado de Garantías.
Al sentenciado, se le impuso como pena accesoria, la inhabilitación de portar arma de fuego por 5 años contados a partir del cumplimiento de la penal principal.
La fiscal Jossira Rojas Osorio estuvo en representación del Ministerio Público y presentó la legalización de la aprehensión, formulación de imputación, medida cautelar y acuerdo de pena, igualmente los elementos de convicción que acreditaron el hecho investigado y la individualización de cada uno de los responsables; todas admitidas por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yazmín Jaen.
El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2022, cuando Meneses Flores junto al otro imputado abordaron un vehículo tipo taxi, en el Sector de la Alameda, corregimiento de Ancón, con dirección hacia El Dorado, debido al tráfico el vehículo se detuvo antes de la primera calle del sector de Las Mercedes, y mediante violencia ejecutando una llave y ejerciendo presión en la cintura al conductor, lo amenaza de muerte, lo pasa a la parte trasera del vehículo y en el suelo del automóvil lo patea y le causa lesiones en su anatomía, con una incapacidad médico legal de 15 días.
Luego de esto, atan las manos con un alambre al conductor del taxi intimidándolo con un cuchillo y martillo, despojándolo de dinero en efectivo, una cartera con sus documentos personales, tarjeta de débito y un teléfono celular, afectando su libertad personal, mientras que el imputado condujo el vehículo hasta calle La Fragata, Albrook, dejando a la víctima dentro del vehículo amarrado e imposibilitado de salir, dándose ambos a la huida, abordando un Metrobus en el cual fueron aprehendidos minutos después de cometer el hecho, ubicándoles las pertenencias de la víctima.
Las investigaciones preliminares estuvieron a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.