La violencia doméstica está carcomiendo y generando graves daños en la familia, la célula fundamental de la sociedad. Como entidad garante del cumplimiento de los derechos en Panamá, el Ministerio Público, desde la Fiscalía Regional de Chiriquí, está actuando conscientemente para atacar el problema de raíz y generar los cambios que como individuos requerimos.

En la actualidad, las cifras indican específicamente en esta región de Panamá, que existen 1,707, casos receptados de maltrato y violencia. Esto desde del 2 de enero al 2 de julio del 2025. Si bien las estadísticas siguen siendo elevadas, hay que tomar en cuenta que las víctimas hoy están más prestas a hacer de conocimiento de las autoridades la realidad, lo cual es un punto de avance, porque ya el delito que se genera dentro de las paredes del hogar, se está haciendo visible.

Si bien existen, casos que registran afectaciones hacia los menores de edad, por la modalidad de maltrato, son definitivamente las mujeres, las más afectadas por este delito, generando en ellas graves repercusiones que muchas veces repercuten en todo el seno familiar.

La violencia doméstica no distingue rostro, condición social ni momento en que se perpetran los actos violentos. Esta situación deja entrever la falta de tolerancia y pérdida de valores dentro del grupo familiar.  No podemos dejar de lado y reconocer   que el mundo va evolucionando y así mismo evolucionan los flagelos que afectan nuestra familia y por ende la sociedad. El consumo de drogas, alcohol y el mal uso de las nuevas tecnologías   son factores disgregantes de los hogares.

Desde el Ministerio Público se han gestionado esfuerzos significativos a manera de prevención, con jornadas de concientización a las comunidades urbanas y rurales. De igual forma capacitación a funcionarios de los estamentos de seguridad y otras dependencias del Estado. Se han fortalecido los mecanismos en el abordaje y tratamiento de las víctimas de violencia doméstica con la intervención oportuna del personal de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Intervinientes del Proceso Penal (UPAVIT).

Aunado  a esto se han consolidado interinstitucionalmente aspectos  de atención  por parte de los  servidores  judiciales a  las  víctimas  formando parte de mesas  regionales, tendientes a  atacar la problemática desde sus diversos ángulos, participando  activamente  en la  elaboración de  protocolos;  como  el   de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia basada en género, con énfasis en mujeres indígenas y migrantes, en el cual se  aborda el flagelo de la  violencia  hacia las mujeres de  forma  directa  y  sienta  bases específicas para  cumplir  con la debida  diligencia reforzada por  todos  los que intervengan en el  proceso penal.