La Procuraduría General de la Nación, representada por la Fiscalía Anticorrupción participó en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, del vigésimo cuarto (24°) y último día de audiencia en el caso Odebrecht, donde continuaron los alegatos de los abogados defensores, en este caso la Fiscalía pidió condena para 16 personas por el delito de blanqueo de capitales, artículo 254 del Código Penal, entre estos un expresidente y 5 exministros, empresarios y particulares, y el resarcimiento para el Estado por los daños causados al país, ya que el delito de blanqueo de capitales no constituye un ilícito de afectación individual, sino que atenta contra el orden económico, la trasparencia del sistema financiero, la credibilidad institucional del país, el cumplimiento de compromisos internacionales y la reputación de un país y de sus ciudadanos.
La audiencia se realizó durante 24 días, en el juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y la juez Baloisa Marquínez se acogió al termino para decidir la culpabilidad o no de las personas acusadas.
Los hechos de la investigación inician en el año 2017, donde se utilizó la figura de acuerdos de colaboración eficaz y de pena, con imputados nacionales y extranjeros quienes aceptaron los hechos acusados y suministraron información que permitió acreditar la participación de otros imputados y de la propia empresa Odebrecht, sus ejecutivos con el hecho punible.
Se pudo determinar, y así lo sustento el llamamiento a juicio de la Juzgadora, que la empresa Odebrecht realizó pagos a funcionarios públicos panameños y políticos, para obtener el beneplácito en la adjudicación de obras en nuestro país; pagos que se realizaron a través de una compleja estructura denominada “Caja 2”; la cual actuaba por medio de la División de Operaciones Estructuradas utilizando sociedades offshore, constituidas en varias jurisdicciones como Belice, Uruguay, Países Bajos, Bahamas, Bolivia, Chipre y Panamá, para blanquear dinero y hacerlo ver como lícito.
Las declaraciones que están en el expediente producto de la colaboración internacional de Brasil, Suiza, Estados Unidos y otros estados, además de la colaboración de la propia empresa, reconocen los pagos de sobornos que realizaban.
Además, se reforzó la teoría del caso con dos personas aforadas que admitieron ante un Tribunal de Estados Unidos haber participado como intermediarios de sobornos de la empresa Odebrecht y se suscribieron a un acuerdo con la devolución de 19 millones.
En la investigación se acreditó la incorporación de sociedades y el uso de estructuras financieras y comerciales con la intención de ocultar, disimular, encubrir y utilizar los dineros ilícitos recibidos en ocasión de actividades relacionadas a la corrupción, peculado, soborno internacional y otros delitos precedentes que se observan en las diferentes investigaciones llevadas en países que también se vieron afectados por esta conducta antijurídica y que el tribunal da por acreditado al momento de emitir el auto de llamamiento a juicio.
El Ministerio Público logró en esta causa, además de la aprehensión de bienes muebles e inmuebles por el orden de $7,320,754.38, se aprehendió dinero por la cantidad de $16,050,536.92 en Panamá y en jurisdicciones extranjeras por la suma de $43,117,612.75, se sancionó a la empresa Norberto Odebrecht a una multa de 220 millones de dólares de los cuales se han pagado 78 millones de dólares.
Se consiguió, además, la condena de 17 personas a través de acuerdos de pena y la recuperación para el Estado de 85 millones185 mil 653.82 millones de dólares.
La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.
