A pesar de la solicitud del Ministerio Público y de la parte querellante que se confirmara la medida cautelar de detención provisional a la joven E.P., de 18 años de edad, dentro de la investigación que realiza la Sección de Homicidio/ Femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana donde la joven fue imputada por el delito de homicidio culposo y lesiones personales (atropello) en perjuicio de R.L. (Q.E.P.D) y G.L., el Tribunal Superior de Apelaciones revocó la decisión del Juez de Garantías y otorgó la medida cautelar de detención domiciliaria.
Esta medida cautelar fue solicitada por la defensa de la imputada, la cual al mismo tiempo solicitó que se otorgara un permiso para cursar estudios universitarios, solicitud que fue negada por los Magistrados Asunción Alonso, Diego Fernández y Omayra Jaramillo.
Los Magistrados en su decisión, que fue unánime, ordenaron además a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre no emitir ningún documento que autorice la conducción de vehículos (licencia de conducir) a nombre de la imputada, al igual que el impedimento de salida del territorio Nacional.
La Fiscalía, representada por la fiscal Lady Rangel Vásquez, de la Sección de Homicidio/ Femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana, sustentó el peligro de fuga y el riesgo a la colectividad que representaba la revocatoria de la detención provisional de la imputada, ya que la misma podría volver a ponerse tras el volante de un auto.
Así mismo, señaló que E.P. ignoró la señal de alto realizada por el agente de tránsito, así como las señalizaciones horizontales y verticales que se mantienen en el lugar del accidente.
También sustentó que la imputada se fue al interior del país, específicamente a la provincia de Chiriquí, por lo que cuando la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) la fue a buscar a su casa con orden de aprehensión, no se encontraba, lo que expone uno de varios riesgos procesales al revocar la detención provisional.
La querella expresó argumentos concordantes a los de la Fiscalía.
La investigación de este caso continúa por parte del Ministerio Público en el plazo dado por la Ley, de 6 meses.
J. Gutiérrez.
