El fiscal superior Anticorrupción Aurelio Vásquez sustentó en acto de audiencia los elementos de convicción que acreditan que hubo dolo en la actuación del Juez Séptimo Penal, Felipe Fuentes por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de Violación de Sellos Públicos.

La jueza América Vergara avaló la solicitud presentada por el fiscal Superior Aurelio Vásquez e imputo cargos por el delito contra la Administración Pública, igualmente ante la solicitud de la fiscalía ordenó la suspensión del cargo del Juez mientras dure la investigación establecida por 5 meses.

En el acto de audiencia el abogado del juez Tomás Góndola solicitó que fuera juzgado por un superior jerárquico, magistrados del Segundo Tribunal y no por un Juez de Garantías al no tener la competencia para ello, a lo cual se opuso el fiscal Aurelio Vásquez señalando que el modelo del sistema mixto es totalmente distinto y que el Código Procesal Penal establece la competencia del juzgado de garantías sin distinguir prerrogativas.

La Juez resolvió que es la competente para resolver la causa según el artículo 44 del Código Penal, ya que los Jueces de Garantías pueden pronunciarse en actos de investigación.

Los hechos motivo de la investigación se dieron el 15 de enero de 2018 en el sector de Loma Cová, distrito de Arraiján cuando el ciudadano Carlos Mauricio Vella Tora, encuentra un sobre con 6 cuadernillos de la investigación del caso Financial Pacific, High Spirit y los entrega mediante denuncia en la Procuraduría de la Nación el día 16 de enero de 2018, luego de recogerlos al caerse un sobre de una moto, que posteriormente se conoció era manejada por el Juez Fuentes.

Estos documentos pertenecían al despacho del juez Fuentes y están en la actualidad en trámite en un caso de delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores.

El fiscal en su alegato destacó elementos de convicción sobre la vinculación del juez con la desaparición de las carpetillas de su despacho señalando entrevistas de los funcionarios de ese despacho que sostenían que el juez había solicitado las carpetillas para resolverlas y que se las pusieran en el pupitre de su despacho entre el 8 al 13 de enero.

Los 6 cuadernillos correspondían a incidentes de controversia y solicitud de calificación del sumario como de causa compleja de delincuencia organizada, documentación sumamente sensitiva según indico el fiscal Vásquez.

La Defensa representada en Tomas Góndola solicitó apelación por la decisión de la juzgadora y se fijó para el 8 de febrero la audiencia en la sala 11 de Plaza Ágora a las 10:00 a.m.

Y. Rivera.