El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Anticorrupción, representada por los fiscales superiores Ruth Morcillo y Mahmad Daud Hasan, además de Jenisbeth Malek, Thalía Palacios y Olmedo Gómez, acudieron este lunes 18 de julio de 2022, a la audiencia preliminar del caso “Odebrecht”; sin embargo, la misma fue suspendida hasta la fecha alterna, programada del 12 al 30 de septiembre de 2022, por la juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, debido a la inasistencia de varios abogados de la defensa.
Dos de los abogados de la defensa presentaron incapacidad médica, otros 3 excusa, y otros no explicaron los motivos de la no comparecencia, los cuales fueron sancionados por la jueza Marquínez con multa de B/.100.00.
La Fiscal Superior, Ruth Morcillo, quien dirige el equipo de la Fiscalía Especial Anticorrupción sostuvo que “hay que esperar la fecha alterna establecida de audiencia preliminar que es cuando se va a calificar el sumario y donde tendrán los imputados, de faltar su defensor privado, optar por la defensa pública”.
Agregó que el Ministerio Público está preparado para sustentar su vista fiscal en la que pide sean enjuiciadas 50 personas naturales y 1 persona jurídica por la presunta comisión del Delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Libro II, Titulo VII, Capítulo IV del Código Penal, el cual establece una pena de 5 a 12 años de prisión (artículos 254 y 255) y de 5 a 10 años (artículo 256) respectivamente.
Entre las 50 personas naturales a las que la Fiscalía pide ser enjuiciadas por blanqueo de capitales hay 3 exservidores públicos a los que además del delito Contra el Orden Económico se les está pidiendo Llamamiento a Juicio por el delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Corrupción de Servidores Públicos tipificado en el Libro II, Título X, Capítulo II del Código Penal, el cual establece una pena de cuatro a ocho años de prisión.
Durante el curso de la investigación se celebraron 8 acuerdos de colaboración eficaz y hay 12 personas con sentencias condenatorias, pactadas mediante acuerdo de pena.
