La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico logró dos sentencias condenatorias de 103 y 64 meses de prisión por los delitos de robo agravado y posesión ilícita de arma de fuego, respectivamente.
La primera sentencia condenatoria emitida mediante acumulación de causas fue la N°1587 con la cual se condena al señor Luis Antonio Mendoza Hernández y se establece como pena accesoria la suspensión de la licencia de conducir por 48 meses, una vez cumplida la pena principal por el delito de robo agravado.
Para el 29 de abril de 2023, el sentenciado en su recorrido en el vehículo taxi en Nuevo Tocumen, corregimiento de 24 de Diciembre, recoge a un señor quien se dirigía a su trabajo, una vez en el puesto del copiloto y durante el viaje se desvía de la ruta y mediante intimidación despojó a su víctima de dinero en efectivo, celular entre otras pertenencias para dejarlo abandonado a su suerte y salir en precipitada huida del sitio.
El señor Mendoza Hernández también fue condenado por el robo cometido el 1 de mayo de 2023, encontrándose a la 1:00 a.m., cerca de un bar ubicado en Nuevo Tocumen, donde transporta a la víctima quien le solicita que lo lleve a su residencia, una vez que aborda el vehículo, en el puesto de copiloto, el sentenciado avanza unos metros y mediante intimidación utilizando un arma de fuego, lo lleva a un lugar oscuro para despojarlo de sus pertenencias entre dinero efectivo, tarjeta Clave, celular entre otros bienes, para dejarlo en Loma Candelaria y marcharse del lugar en su vehículo taxi.
En otro caso
Mediante sentencia N°1586 se condenó a la pena de 64 meses de prisión al señor Marcos Hernández, por la comisión del delito de posesión ilícita de arma de fuego registrado el 8 de agosto de 2023, en el corregimiento de Río Abajo. El sentenciado se trasladaba en un vehículo frente a la Plaza Portobelo, en posesión de un arma de fuego calibre 22 y tres municiones sin detonar.
El arma de fuego que poseía el señor en mención fue examinada por un perito forense del Laboratorio de Balística Forense del IMELCF, quien determinó que es idónea para efectuar disparos, para la cual no mantenía permiso o autorización legal para su porte, según certificación de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública. (DIASP).
