La Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción representada por las fiscales Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios participaron del segundo día de audiencia en el caso Odebrecht donde se prosiguió con la lectura del llamamiento a juicio.

Se detalló la trama de los sobornos entregados por la empresa y la vinculación de cada uno de los 23 imputados con el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Constitución de sociedades, varias de ellas propiedad de los imputados fueron creadas para la recepción de dinero a través de cuentas donde se entregaban los sobornos por parte de la constructora, situación que se pudo corroborar con los testimonios de los ejecutivos de la empresa y otras personas involucradas en estos hechos.

Contratos ficticios fueron también creados y empresas off shore, para negociar acuerdos y crear sociedades además de abrir cuentas bancarias para tramitar dineros producto de los sobornos de Odebrecht, creadas en otras jurisdicciones como Andorra para permitir la entrada de ese dinero a la banca privada de Panamá con el aval de funcionarios panameños.

Se señalaron los acuerdos de pena donde los imputados detallaban todo el entramado desde la constitución de sociedades, cuentas y los dineros que fueron girados de miles de dólares a diferentes cuentas de sociedades y jurisdicciones controladas por el circulo de la constructora Odebrecht.

Igualmente se mencionaron en el escrito los proyectos y las sumas de los mismos que mantuvieron un sobrecosto por parte de la constructora Odebrecht.

Se detallaron además los pagos de sobornos lo que fue confirmado por los acuerdos y por asistencias judiciales en Andorra que señalaban las transferencias realizadas a las sociedades y las interpuestas personas entre estos imputados en el caso.

El miércoles 14, se continuará con la lectura de este llamamiento a juicio que prevé que se culmine.

La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.