La audiencia por la comisión de delitos Contra la Libertad, en la modalidad de Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, programada para hoy lunes 15 de enero, en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior, fue suspendida debido a que uno de los procesados, Gustavo Pérez, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional no fue trasladado al acto de audiencia por decisión del propio imputado.

Por esta razón, se imposibilitó la realización de la audiencia debido a la inasistencia voluntaria del procesado Pérez, lo cual es inadmisible, debido a la condición de detenido preventivo que mantiene el procesado; quien debió ser trasladado en virtud de la orden emitida por el Juez Decimosexto de Circuito Penal, que se comprometió en el acto a requerirle por escrito a la Dirección del Sistema Penitenciario, las explicaciones de rigor.

El Fiscal Superior Ricaurte González de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, señaló que para poder celebrarse el acto de audiencia, los artículos 2237 y 2238 del Código Judicial, establecen que a los imputados se les debe preguntar si se declaran culpables del delito que se les imputa.

El viernes 12 de enero, el abogado sustituto del señor Gustavo Pérez, presentó una solicitud para acogerse a la fecha alterna de la audiencia, fijada para el próximo 5 de marzo, señalando que tiene pendientes la presentación de pruebas extraordinarias.

El Juez Decimosexto Enrique Pérez aclaró que las pruebas extraordinarias deben ser presentadas en el acto de audiencia, precisamente por ser pruebas propuestas fuera del período ordinario, por ello, se procedió a imponer la multa de 100 balboas, a los abogados defensores del señor Gustavo Pérez, por su inasistencia injustificada, como lo advierte el artículo 2268 del Código Judicial.

La investigación realizada por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada estableció en su vista fiscal que hubo un perjuicio a más de 40 personas, entre ellos: políticos, sindicalistas, periodistas, empresarios, líderes sindicales, abogados y funcionarios, diputados, diplomáticos, a quienes se les efectuaron escuchas telefónicas no autorizadas legalmente y se les conculcaron su derecho a la intimidad.

Y. Rivera.