La Fiscalía de Descarga Anticorrupción, luego de presentar apelación contra el auto 129 de segunda instancia que sobreseyó a 18 exfuncionarios del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), incluyendo un exministro de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y uno del Ministerio de Salud, en el periodo comprendido 2010-2014, logró que fueran llamados a juicio por el delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, por parte del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

La apelación presentada por la Fiscalía de Descarga Anticorrupción, representada por el fiscal superior Edwin Juárez, hizo énfasis en la denuncia oficiosa en la cual medios de comunicación indicaban la mala administración de fondos públicos en los que habían incurrido en el periodo 2010-2014 por el pago de helicópteros, realizado por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) entidad que desembolsó la suma de tres mil balboas por cada hora vuelo, al doble del monto real, utilizada por los ministerios que solicitaron el servicio.

El informe de auditoría de la Contraloría General de la República del 15 de mayo de 2015, determinó un perjuicio económico a los fondos del Estado por el orden de B/.10,134,151.54.

El Tribunal indicó que el Ministerio Público consideró que el erario público resultó lesionado en su patrimonio, toda vez que fueron transferidos fondos de las instituciones (Mides, Minsa, Sinaproc, Mida y Anati), al Programa de Ayuda Nacional para que procediera al pago de los servicios.

Señaló el Ministerio Público que estos Ministros, Viceministros, Directores, Secretarios y Coordinadores debían velar por el uso correcto de los fondos del Estado, asignados a sus instituciones.

Evidenció el Ministerio Público la contratación de empresas intermediarias, las cuales no contaban con aeronaves, certificados de servicios de aeronavegación comercial, ni certificado de operación que respaldaran la actividad comercial, favoreciendo a estas empresas con precios más costosos en comparación a tarifas de empresas ubicadas en hangares del Aeropuerto Marcos A. Gelabert.

Igualmente, se encontró actas firmadas sin el recibido conforme de los servicios de horas de vuelo que fueron supuestamente prestados, firmados sin tener constancia de la prestación de estos servicios y la cantidad de horas específicas.

Además, la declaración del exdirector del Programa de Ayuda Nacional que indicó que la orden que se ejecutara o cumpliera con la necesidad de alquilar las horas de vuelo venia de los titulares de las entidades o ministerios quienes decidían las empresas que iban a realizar el servicio.

Se aportó además, por parte de la Fiscalía la declaración de un testigo protegido, quien manifestó entre otras cosas tener conocimiento sobre las irregularidades en los precios de las horas de vuelo.

Todo esto fue tomado en cuenta como consideración del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial para solicitar el llamamiento a juicio de estas personas y revocar el auto N°3 del 24 de abril de 2018, donde fueron sobreseídos, por no ajustarse a derecho.