A solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, mediante Sentencia Mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, declaró penalmente responsable por el caso identificado como New Business, a Janeth Ibeth Vásquez Sanjur a 60 meses de prisión; Iván Arturo Arrocha Chevalier a 70 meses de prisión y Valentín Martínez Vásquez a 80 meses de prisión por la comisión del delito Contra el orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales; igualmente se condena a Daniel Miguel Ochy Diez a la pena de 96 meses de prisión y al expresidente de la República, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal a 128 meses de prisión, también por delito Contra el orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

La juzgadora ordena como pena accesoria al expresidente de la República el pago de la multa Bl.19,221,600.48, esto luego de considerar las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de la persona que planificó, estructuró y ejecutó la operación delictiva para obtener beneficio directo, valiéndose de su calidad de Presidente de la República (2009-2014).

Asimismo, se ordenó en la sentencia la disolución de dos (2) sociedades y el comiso de las acciones de la sociedad Editora Panamá América S.A., a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial, considerando que su adquisición se dio con dineros de procedencia ilícita mediante la utilización de un esquema complejo para lavar activos.

El falló absuelve a 10 personas que fueron llevadas a juicio y ordena el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas, siempre que no guarden relación con la situación jurídica de otros procesados que se encuentran pendientes que se defina su situación jurídica.

Los  fiscales Superiores Emeldo Márquez, Uris Vargas y el fiscal de Circuito, Gilberto Arona, participaron en la audiencia ordinaria donde se presentó el esquema de cómo se dio el delito de blanqueo de capitales y la responsabilidad de cada una de las personas que hicieron posible las transacciones ilícitas para la compra de Editora Panamá américa S.A. (EPASA) cuyo beneficiario final fue el expresidente de la República, quien captó a empresarios y ejerció presión en varios contratistas del Estado que debían dar el 10% sobre el costo de obra adjudicadas para la compra de la editora y dio instrucciones para estratificar el dinero a 18 personas jurídicas y 4 personas naturales, que aportaron dinero para la compra de la Editora, además, de un préstamo de la Caja de Ahorros, siendo un delito continuado.

La Procuraduría General de la Nación inició su actividad investigativa el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A., dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutara mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.