A favor de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Regional de San Miguelito, el Tribunal Superior de Apelaciones revocó el beneficio de trabajo comunitario que se le había impuesto a un ciudadano, sentenciado a 60 meses, por robo agravado y ordenó la continuación del cumplimiento de la pena en prisión.

En el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público demostró que el sentenciado no pagó el tiempo pendiente, faltó injustificadamente y se retiraba del trabajo sin autorización, por lo que se confirmó la revocatoria de la medida sustitutiva.

El hecho ocurrió el 16 de junio de 2021, en La Pavita de Cerro Batea, cuando la víctima quien se encontraba perdida buscando una ubicación, el sancionado junto a un menor de edad, aprovecharon la oportunidad y mediante violencia e intimidación ingresaron a su vehículo, causándole lesiones en su anatomía y la despojaron de sus pertenencias.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de perseguir el delito y desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia.