Una persona sancionada por el delito de robo agravado, a quien se le había aplicado trabajo comunitario, deberá cumplir su condena en prisión dentro de un centro penitenciario, luego de que la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí, consiguiera que se le revocara el beneficio por incumplimiento.

La Fiscalía, con base en inspecciones e informes judiciales, constató que el condenado mantenía una conducta agresiva dentro de la comunidad, lo cual había quedado evidenciado en denuncias presentadas ante las instancias correspondientes.

Igualmente, se confirmó en las inspecciones realizadas que el sancionado se había presentado a realizar el trabajo comunitario asignado en una entidad municipal en estado de embriaguez. Al considerar que esto no cumple con los fines del proceso, se solicitó la revocatoria de la medida.

Después de escuchar los argumentos fundamentados, el Tribunal de Cumplimiento admitió lo peticionado, ordenando el traslado del sancionado a un centro penitenciario para cumplir los 60 meses de prisión que le habían sido impuestos.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley.