La Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró que se le concediera la acción de Amparo de Garantías Constitucionales por parte del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, revocándose así la orden de presentar el escrito de acusación contra 28 personas imputadas, producto de la “Operación Fusión”, por los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.

En su decisión, emitida el 7 de junio de 2022, el Tribunal rechazó de plano, por improcedente, la solicitud planteada por la defensa de algunos de los investigados, para que el Ministerio Público presentara el escrito de acusación en un plazo de 48 horas, a partir de la audiencia celebrada el 4 de mayo de 2022, por lo que suspendió la orden dictada por la juez de garantías Elkis Martínez.

Se reconoció igualmente en la decisión de los magistrados del Primer Tribunal Superior que el Ministerio Público cumplió su rol de solicitar la audiencia de autorización para el procedimiento de causa compleja, con base en el artículo 502 del Código Procesal Penal, antes de vencerse el plazo de la investigación, lo procedente era que se diera un pronunciamiento respecto a esta solicitud previa a la continuación de la tramitación.

Resaltó el Tribunal que se ha dado la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la Fiscalía, porque, aun cuando es evidente que a la fecha de celebración de la audiencia ya había vencido el plazo, nuestra legislación contempla la posibilidad que la Fiscalía solicite autorización judicial para aplicar el procedimiento para asuntos complejos, por causa de la pluralidad de hechos, o por elevado número de imputados o de víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada.

Agregó además que todo proceso debe desenvolverse de forma lógica y ordenada, para que, de forma efectiva, se haga cumplir la ley conforme a los trámites inherentes al caso, prevaleciendo el respeto a los derechos de todos los intervinientes.

La investigación inició el 18 de febrero de 2020, cuando se tuvo conocimiento de una organización criminal transnacional dedicada a coordinar, organizar, recibir, custodiar y distribuir drogas que tenían como destino Europa y Estados Unidos.