El juicio oral que estaba programado para realizarse este martes, 22 de junio de 2021, a un expresidente de la República, por los delitos de interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial y seguimiento y vigilancia sin autorización judicial, fue reprogramado para el próximo 5 de julio de 2021, a las 9:00 a.m., luego que la defensa presentara dos incapacidades médicas, del acusado y su abogada.
El Ministerio Público, representado por la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, solicitó a las Magistradas del Tribunal de Juicio Oral que se verificaran los certificados de incapacidad médica, así como también una revisión médico legal al exmandatario por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) para conocer si la cirugía que se le realizó fue electiva o de urgencia. Además, se pidió la asignación de un defensor público para actuar en la próxima fecha del juicio, en caso que la defensa privada vuelva a presentar incapacidad médica.
Todas las peticiones presentadas por la Fiscalía fueron admitidas, y se girarán los oficios al Ministerio de Salud, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al Instituto de la Defensa Pública.
Igualmente, el Ministerio Público propuso que se realice la audiencia de manera telemática para garantizar la presencia del acusado en caso que el mismo no pudiese acudir físicamente al estrado donde se realice el juicio oral, el próximo 5 de julio.
Al exmandatario debe enfrentar un nuevo juicio oral a solicitud de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, representada por el fiscal Superior Ricaurte González, luego que se anulara la decisión anterior, donde se absolvió al acusado. La Fiscalía probó que existían suficientes elementos para ir a un nuevo juicio en esta causa por los delitos de interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. Por lo cual se volvió a programar un nuevo juicio basado en el artículo 179 del Código Procesal Penal, donde figuran más de 150 víctimas entre dirigentes políticos, periodistas y sociedad civil.
