El Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), realizan la Primera Reunión de Trabajo Interinstitucional en cumplimiento del Memorando de Entendimiento firmado el 21 de abril de 2022, para establecer un marco de acción para el desarrollo de actividades conjuntas contra la corrupción, con la participación de la Embajada de Estados Unidos de América en la República de Panamá.
Esta reunión contó con la participación del Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar; el Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino; el Director de la Sección de Asuntos Antinarcótico y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos, Chris Davys; y la Directora de la Oficina de Cooperación Técnica de la ANTAI, Tania De Gracia Vásquez.
El Procurador General, Javier Caraballo, mostró la disposición de la institución de coadyuvar en la regulación, investigación y procesamiento de la diversidad de conductas típicas que representan el actuar reprochable del funcionario público en el ejercicio de la recta administración pública; además, que, asumiendo que el trabajo colaborativo interinstitucional ayudará a combatir la corrupción conceptualizada, como ese uso indebido del poder público con la finalidad de obtener ventajas o beneficios ilegítimos, que lamentablemente ha calado de manera relevante en nuestra sociedad.
También señaló el señor Procurador, que “el objetivo primordial de los esfuerzos representados en estas mesas de trabajo, es el resultado del consenso entre las entidades comprometidas en la lucha contra la corrupción, asumiendo los deberes que la Constitución y la Ley nos ha designado. Desde la Procuraduría General de la Nación, al iniciar este ciclo de reuniones, se ve formalizado el impulso al proyecto Anticorrupción porque es un instrumento idóneo para dar respuesta efectiva a fenómenos delictivos que impactan directamente a la República de Panamá”.
Este Memorando de Entendimiento tiene un enfoque preventivo y represivo del combate contra la corrupción en el sector público. Busca la aplicación de buenas prácticas institucionales, disminuir los riesgos de corrupción; además, de adecuar los marcos regulatorios internos para dar cumplimiento a las recomendaciones que surjan para mejorar las políticas institucionales anticorrupción.
