El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo Salazar; la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias; y el Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, suscribieron un convenio interinstitucional para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, a fin de tener acceso al Registro Único de Extranjería para validar y certificar la identidad de las personas extranjeras, que estén en etapa de investigación, proceso judicial o cumplimiento de condena.
Manifestó el Procurador General que “es bueno constatar que las bondades que nos ofrece la tecnología son empleadas en favor de la sociedad, ya que la firma de este entendimiento tiene el único propósito de que el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Servicio Nacional de Migración, sean instituciones más eficientes y eficaces en su gestionar”.
Además, el Procurador Caraballo destacó el compromiso de gestionar para que se cumpla cabalmente con los compromisos que asume la Procuraduría General, relativas a adecuar un punto de enlace en la institución que facilite la transmisión expedita de información relacionada al presente convenio; efectuar las comunicaciones en los casos en que aparezca involucrado una persona extranjera, y que se emplee la infraestructura e insumos con que cuenta la Escuela del Ministerio Público en la realización de las capacitaciones necesarias para hacer estos compromisos posibles.
La firma de este Convenio Interinstitucional viene a complementar los distintos esfuerzos que ha realizado la Procuraduría General de la Nación en materia de persecución penal, en la lucha frontal contra la criminalidad, especialmente la organizada transnacional, siempre bajo la visión de respeto a los derechos fundamentales de todos los involucrados, destacó el Procurador General de la Nación.
Mediante este convenio, las partes involucradas emprenden acciones conjuntas de cooperación, que permiten la interoperabilidad de datos y la tramitación electrónica, para disminuir el consumo de papel y promover el intercambio seguro de documentos para trámites gubernamentales.
El Ministerio Público y al Órgano Judicial tendrá acceso a consultas de los movimientos migratorios de nacionales, extranjeros, al estatus migratorio y tramitación de forma gratuita y expedita de las restricciones de salida del territorio nacional, su levantamiento y suspensión.
