La Procuraduría General de la Nación realizó hoy, jueves 4 de enero de 2024, diligencia de inspección ocular, junto a la Fiscalía Superior de Ambiente, en la mina ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón, con la finalidad de recabar indicios que puedan servir en las diferentes investigaciones iniciadas por denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Durante la inspección ocular se extrajeron muestras de fuentes hídricas, en 5 puntos distintos de vertido de agua, producto de la actividad minera, entre ellos los que conectan con el río Botija, el río Brazo y en Punta Rincón donde se encuentra la termoeléctrica; asimismo, se tomaron muestras del inicio y final de túnel de decantación (tina de relave). Estas muestras serán sometidas a análisis químicos y toxicológicos forenses por peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), como parte de las investigaciones que desarrolla la Procuraduría General de la Nación.

“La finalidad principal, sobre la base de las diligencias que se realizaron, es la obtención de la mayor cantidad de indicios y elementos de convicción que puedan ser recabados, principalmente por peritos de criminalística, para que puedan practicar las respectivas diligencias forenses”, indicó el Subsecretario de la Procuraduría, Azael Samaniego, quien estuvo encabezando la diligencia por el Despacho Superior, y agregó que la inspección se practicó con la previa coordinación de funcionarios de la Procuraduría General y de la Fiscalía Superior de Ambiente y la empresa, que se encuentra en el proyecto, únicamente colaboró con el acceso a los puntos.

En tanto, la fiscal superior de Ambiente, Fátima Sánchez, explicó que estas investigaciones que se han levantado están relacionadas a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por delitos ambientales.

La diligencia se desarrolló con la participación de peritos de química, toxicología, biología forense y planimetría para determinar las posibles afectaciones a las fuentes hídricas, a la flora y fauna y otras que puedan resultar por presuntos delitos ambientales.

Participaron, además de los peritos de Criminalística del IMELCF, personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía especializada en delitos ambientales; además, funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio.