En un espacio del programa institucional radial Procuraduría Contigo, la Procuraduría General de la Nación, través de las Fiscales Anticorrupción, Azucena Aizpurúa, Digna Castillo y Adela Cedeño ofrecieron una actualización detallada sobre las investigaciones en curso que involucran casos de alto interés público, como los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), los traslados financieros en la Caja de Seguro Social (CSS), y el uso de fondos en Juntas Comunales y Municipios.
Estas exposiciones permitieron no solo brindar información clara y precisa a la ciudadanía, sino también desmontar versiones imprecisas que han circulado en redes sociales, reforzando el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.
Se dio a conocer los avances por el caso de Auxilios Económicos del IFARHU, donde la Fiscalía Anticorrupción mantiene tres investigaciones activas que abarcan el periodo 2019-2024, acumulando 76 tomos de documentación; la primera investigación (2019-2020), se tiene un total de 2,774 auxilios económicos entregados, por un monto superior a los 61 millones de dólares. La segunda investigación (2021-2022), un total de 4,203 auxilios otorgados, por más de 94 millones de dólares. Y una tercera investigación que se enfoca en la entrega de auxilios sin respaldo presupuestario.
En este contexto, se han solicitado asistencias internacionales para verificar la condición de algunos beneficiarios en el extranjero. Las fiscales destacaron que este proceso requiere tiempo, rigor técnico y cooperación global.
Mientras que, en las investigaciones seguidas por los presuntos traslados de partidas presupuestarias de la Caja de Seguro Social al Gobierno Central sin la debida autorización de la Junta Directiva, a raíz de dos denuncias formales, se han efectuado inspecciones oculares en la Dirección Ejecutiva de Finanzas y se han programado entrevistas con funcionarios claves, a fin de verificar los procedimientos seguidos y establecer posibles responsabilidades.
Además, actualmente, la Fiscalía atiende alrededor de 140 denuncias relacionadas con el uso de fondos del programa de descentralización por las Juntas Comunales y Municipios, estas investigaciones, consideradas causas complejas, implican uso de Fondos Públicos, donde existen más de 600 corregimientos involucrados, en un amplio alcance geográfico y un gran volumen documental y perfil diverso de los investigados.
Como parte del proceso, se han realizado 8 allanamientos en búsqueda de documentación clave, 75 inspecciones oculares, incluso en zonas de difícil acceso y más de 200 entrevistas a exfuncionarios municipales y comunales.
Las Fiscales subrayaron que todas las investigaciones se desarrollan con independencia, profesionalismo y sin presiones políticas o mediáticas. A pesar del interés ciudadano por resultados inmediatos, se remarcó la necesidad de respetar los tiempos legales, garantizar la calidad probatoria y salvaguardar los principios del debido proceso.
Este informe se da en el contexto de los primeros 120 días de la actual administración, reafirmando el compromiso de la Procuraduría General de la Nación con una justicia transparente, técnica y responsable.