El Procurador General de la Nación Javier Enrique Caraballo Salazar, participó como coanfitrión de la Tercera Mesa Interinstitucional: “Los Migrantes desaparecidos y fallecidos en Panamá”, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, con el objetivo de continuar con el diálogo y presentar el diagnóstico establecido a través de consultas con las autoridades y del trabajo realizado en el terreno por CICR.
En su intervención el Procurador Caraballo se refirió a las acciones ejecutadas con relación al tema del flujo migratorio irregular, como la firma de la Declaración de Panamá, el 30 de agosto de 2021, para el combate al crimen organizado, en el contexto del incremento del flujo migratorio irregular continental, extracontinental y caribeño presente en la región.
El compromiso de tomar acciones concretas mediante la cooperación internacional, intercambiando información en tiempo real, en aras de facilitar el impulso de las investigaciones, perseguir la delincuencia organizada trasnacional, lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran con dicho fenómeno y asistir a las victimas y testigos, conforme a lo permitido por los tratados internacionales y los ordenamientos jurídicos.
Aunado a ello, el Procurador explicó que se crearon oficinas subregionales del Ministerio Público en las primeras comunidades receptoras de los migrantes, a cargo de recibir denuncias para la atención oportuna y acceso a la justicia de las personas migrantes que llegan al territorio nacional procedente de Colombia, a través de la selva de Darién. El objetivo primordial señaló el Procurador, es identificar la presunta comisión de hechos delictivos en perjuicio de las personas migrantes, garantizar sus derechos humanos y garantías fundamentales, ofrecerles apoyo psicológico, atención, multidisciplinaria y asistencia.
En tanto el jefe de la Misión de la CICR Panamá, Alexandre Le Bretón, indicó que, en esta crisis de las personas migrantes, agrava la situación de la invisibilidad, ya que muchos migrantes desaparecen sin dejar rastro, dejando a sus seres queridos atrapados en la incertidumbre y el dolor de no saber lo que ocurrió.
De acuerdo algunas cifras reveladas por el CICR en la provincia de Darién han apoyado y registrado a 148 personas como desaparecidas, un 69% son de nacionalidad venezolana, 7% ecuatoriana y 5% colombiana. Un 47% representado por mujeres y el 53% por hombres y 6 menores se edad.
Desde el 2019, se han registrado 64 personas fallecidas al CICR. 17 solo en el 2024. De esas 64 personas, 20 han sido restituidas a sus familias y 44 siguen en gestión con las autoridades para establecer su paradero o restitución a sus familiares.
Entre las propuestas de áreas de trabajo se presentaron la creación de un marco legal, con el fin de lograr una definición sobre “persona desaparecida”, la responsabilidad estatal sobre la búsqueda e investigación de personas desaparecidas en el territorio nacional y mecanismos sostenibles, que conlleven al registro único de personas desaparecidas, fallecidas no identificadas, entre otros. Una guía operativa interinstitucional y la armonización de variables que busca identificar datos que son de interés para la gestión de casos, mejorar la articulación interinstitucional en las diferentes fases y especial en la búsqueda e identificación.
Las instituciones participantes en las mesas de trabajo son: Procuraduría General de la Nación, Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Migración, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional Aeronaval, Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Sistema Nacional de Protección Civil, Defensoría del Pueblo, Cruz Roja Panameña.
