El Procurador  General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, participó del “Taller Nacional sobre Desafíos del Proyecto de Ley N°625 que adopta la legislación de Extinción  de Dominio de Bienes Ilícitos”, actividad organizada por el Ministerio de Seguridad Pública y en la cual manifestó que es esencial la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Diputados la ley de Extinción de Dominio, que complementará las otras herramientas jurídicas  y procesales para combatir la criminalidad organizada.

“La finalidad del proyecto es loable” indicó Caraballo,  lo que busca es luchar contra la criminalidad organizada, es por ello la importancia de la aprobación del proyecto y fortalecer las instituciones que la van aplicar.

El Procurador en su intervención hizo mención a los retos que debemos superar como país, entre estos es la desinformación existente sobre las supuestas desventajas y bondades de la figura de extinción de dominio. “Jornadas como estas son de vital importancia para dejar sentado que lo que se busca es evitar que las organizaciones criminales continúen fortaleciéndose financieramente, permeando el ámbito económico del país con bienes adquiridos ilícitamente, que se mueven como si se hubiesen adquirido con apego a la ley y afectan tanto a nacionales como a extranjeros que honradamente generan sus ingresos”, destacó Caraballo Salazar.

El jefe de la Procuraduría General de la Nación reiteró el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra el crimen, en especial, contra la delincuencia organizada, por lo que continuará colaborando en la divulgación y sensibilización de esta figura jurídica.

Por su parte el Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, señaló que esta iniciativa no pretende ser un instrumento de persecución política, sino un instrumento con dos connotaciones principales: contribuir en debilitar el musculo financiero de las organizaciones criminales y la recuperación de dineros y bienes de origen ilícito  a favor del Estado, para ser  destinado a obras sociales, programas de prevención, educación, entre otros, a fin de resarcir a la ciudadanía el daño causado por esos agentes del mal.