La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción, logró en audiencia ante el Tribunal de Apelaciones que se revocara la decisión de conceder medida distinta a la detención a 8 personas, considerando que no satisfacían los principios de necesidad y proporcionalidad del caso imponiéndoles la detención provisional a estas personas aprehendidas mediante la operación Orbis.

Lo anterior guarda relación con la comisión del presunto delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras en San Miguelito, con una lesión patrimonial de B/.8,098,668.82 al Estado según informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.