La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción imputó cargo a 7 personas a las cuales se les legalizó la aprehensión por estar presuntamente vinculados con delitos contra la Administración Pública; a 3 se les formuló cargo por corrupción y contra la Fe Pública, 2 por corrupción y 2 por delito contra la Fe Pública.

Además, en cuanto a las medidas cautelares se ordenaron 2 detenciones provisionales, una retención domiciliaria y 4 reportes periódicos los 15 y 30 de cada mes.

En este caso los 4 funcionarios imputados se les ordenó la separación del cargo.

Este caso guarda relación con la operación Tamiz, relacionada a una investigación iniciada tras la denuncia presentada en febrero del 2026, por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) que destaca que un grupo de usuarios y funcionarios supuestamente en complicidad, estaban presentando documentación falsa para obtener permisos de armas de fuego.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.