Un ciudadano fue condenado a 10 años de prisión, luego de validarse un acuerdo de pena presentado ante un juez de garantías por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión ilícita de armas de fuego.

Durante la audiencia se legalizó la aprehensión y se formuló el cargo. Adicional, se le impuso una pena accesoria de 300 balboas pagaderos en un año.

El sentenciado fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el corregimiento de Pedregal, donde se hallaron dos armas de fuego tipo pistola y un fusil, todos idóneos para hacer disparos según el peritaje del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y sin el permiso correspondiente. Además, se hallaron proveedores y municiones para estas armas de fuego.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, como lo establece la Constitución y la Ley.