La Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Metropolitana logró que el Tribunal de Apelaciones ordenara el cumplimiento de la pena de 120 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período, impuesta a un empresario condenado por el delito de estafa.

Durante la audiencia, la defensa solicitó el cambio de la medida de prisión por arresto domiciliario, alegando problemas de salud. Sin embargo, el examen realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 28 de octubre de 2024 no certificó científicamente ninguna enfermedad que justificara tal solicitud. La Fiscalía resaltó en audiencia que no existen pruebas concluyentes que impidan al sancionado cumplir su condena en un centro penitenciario, y que el sistema carcelario cuenta con los recursos necesarios para atender sus necesidades médicas.

Asimismo, se advirtió sobre el riesgo de fuga, sustentado en el historial del condenado, lo que reforzó la negativa al cambio de medida.

Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2021, cuando el empresario, quien también fue exgobernador de Coclé, fue hallado culpable de estafar por B/.100,000 a la empresa Gold Dragon Capital Management. La víctima entregó dicha suma con la expectativa de participar en proyectos de exploración minera, a cambio del 2% de las acciones de Petaquilla Minerals, Ltd., y concesiones sobre los ríos Belencito y Petaquilla. Sin embargo, el empresario nunca fue propietario de dichos activos ni los entregó.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso con la investigación objetiva y transparente de los delitos, así como con el ejercicio firme de la acción penal ante los tribunales, en estricto apego a la Constitución y la Ley.