En audiencia de solicitudes múltiples que estuvo representada por el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Jorge Rovira, se legalizó la aprehensión de un ciudadano panameño, se le formuló cargos por los delitos contra la seguridad colectiva, en las modalidades de posesión ilícita de armas de fuego y tráfico de armas.

En virtud de la gravedad de los hechos y que el delito asciende a una pena de 20 años de prisión fue solicitada y sustentada la medida cautelar de detención provisional, siendo admitida por el juez de garantías Edgar Jiménez quien consideró los riesgos procesales y que la detención era la medida más cónsona e idónea proporcional a la naturaleza del hecho.

Este ciudadano fue aprehendido en Villa Lucre, el 20 de marzo, a través de diversas diligencias de allanamiento donde se logró desmantelar un taller clandestino para el ensamble de armas de fuego mediante impresión 3D a través de la técnica conocida como Polymer 80, y también se encontraron armas idóneas para producir disparos.