En el octavo día de audiencia en el caso Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción representada por las fiscales Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios, participaron de la audiencia ordinaria.

Se inició la audiencia ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, con la intervención de la fiscal Jenisbeth Malek, quien pregunto a la testigo, una funcionaria del Tribunal Electoral, sobre el tema de la regulación de las donaciones a los partidos políticos y las normativas para las mismas.

Explicó la testigo que se hizo una reforma donde se pusieron topes por donante de lo que pueden recibir, normativas regulatorias y otras sanciones para mejorar la transparencia de los fondos en las campañas electorales, normas establecidas desde el 2017.

A preguntas de la fiscal Malek la testigo señaló además que la ley penal electoral establece que no se puede recibir donaciones de personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas, ni de personas jurídicas que sean contratistas del Estado o concesionarios de servicios públicos, se agregó que los contratistas del Estado también tenían impedido donar a los políticos y partidos.

Además, dijo que de las personas jurídicas que no ejerzan actividad económica en Panamá no se puede recibir donaciones para evitar que no haya dinero del exterior en campañas electorales, así como la prohibición de recibir donaciones por interpuesta persona o sea por una persona que no aparezca en el listado.

Dijo además a pregunta de la fiscal que el tesorero de campaña debe hacerse responsable del dinero recibido y de que no vayan a caer en las prohibiciones que establece el Código Electoral.

Abogados defensores realizaron contrainterrogatorio a la testigo.

Igualmente se interrogo por parte de la fiscalía a un testigo que fue directivo y apoderado de una sociedad vinculada al caso Odebrecht, la cual se constituyó en Belice para supuestamente armar un negocio de combustible a través de una empresa que iba a abrir cuentas bancarias en Panamá, sin embargo, según la teoría del Ministerio Público fue utilizada para blanqueo de capitales.

El testigo firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía, aportó detalles sobre las transacciones entre Odebrecht y la Banca Privada de Andorra (BPA).

En la jornada se pudo evacuar dos testigos del Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.