La Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana imputó por el delito de estafa, en la modalidad de fraude, a ocho personas, entre ellas dos funcionarios públicos, decretándose en diversas audiencias de garantías las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.

Algunas de las víctimas decidieron que sus causas se derivaran a mediación y están en espera de la citación por parte de la Dirección de Métodos Alternos de Resolución de Conflicto del Órgano Judicial.

Los fiscales presentaron los elementos de convicción que acreditaron los hechos investigados y la individualización de los imputados; de igual manera, la legalización de la aprehensión, formulación de imputación y medidas cautelares, ante los jueces de garantías.

Estas personas fueron aprehendidas mediante la operación “Audaz”, desarrollada por la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Policía Nacional, en los distritos de San Miguelito, Arraiján, Pacora y Chepo.

Según el Fiscal Superior, Nahaniel Murgas, la investigación inició en el año 2022, donde estas personas mediante la alteración de la base de datos del Plan Panamá Solidario, un sin número de panameños se vieron afectados económicamente al acercarse a los comercios, ya que eran informados que su vale digital había sido utilizado en comercios ubicados en áreas distantes a las de su residencia.

Se alteraba la base de datos de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) cambiando el número del pin del beneficiario del vale digital y el subsidio económico se hacía efectivo en un comercio distinto al que frecuentaban las víctimas, hasta en otros distritos o provincias.