La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción logró que un Juez de Garantías no admitiera una solicitud de afectación de derechos, presentada por la defensa de un exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) , quien ejerció el cargo durante el periodo 2019-2024, dentro de una investigación seguida por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

En la audiencia, la Juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, decidió no admitir esta solicitud, por improcedente y haber ocurrido sustracción de materia.

La Fiscalía argumentó que en la solicitud de la defensa del exfuncionario público había sustracción de materia, puesto que la reserva de la investigación ya había sido levantada y que ellos (la defensa) habían tenido la oportunidad de hacer sus argumentaciones y presentar sus elementos probatorios.

Sumado a ello, la Fiscalía señaló que la reserva de la investigación es una facultad legal y que inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que es viable que los estados puedan restringir el acceso a los actos de investigación, siempre que esa limitación sea temporal, esté regulada en la ley interna y sea para buscar un fin válido en un estado democrático, como el descubrimiento de la verdad, la justicia y la seguridad social.

Al finalizar la audiencia, la Juez de Garantías decidió no entrar a hacer un análisis de la solicitud de la defensa e hizo un llamado a la Oficina Judicial por el retraso en el agendamiento de esta audiencia de afectación de derecho.

El exdirector de la DGI se mantiene detenido tras su aprehensión en el desarrollo de la operación “Cuestor”, relacionada a una investigación iniciada en mayo de 2026, a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que reveló un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente B/.724,682.39, en perjuicio del Estado.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.