La Procuraduría General de la Nación, representada por las fiscales anticorrupción Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios, en acto de audiencia, solicitaron se emita sentencia condenatoria para un exministro de Obras Públicas (2009-2012), como autor del delito de peculado doloso agravado y también para uno de los consultores que participó en la elaboración del precio de referencia de los proyectos de ampliación de la avenida Domingo Díaz y Patrimonio Histórico, los cuales fueron licitados con un sobrecosto arriba de los 90 millones de dólares.
Para otras 4 personas, también de la comisión técnica evaluadora se solicitó absolución, debido a que no se pudo determinar que estas estuvieran vinculadas para favorecer a determinado contratista al fijar los precios de las obras.
La juez Águeda Rentería, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, se acogió al término para decidir.
La Procuraduría General de la Nación presentó los informes de la Contraloría General de la República relacionados con sobrecostos en la avenida Domingo Díaz por el orden de B/.47,388.02 y del proyecto del Patrimonio Histórico por B/.51,496,740.
Esta investigación inicio desde mayo de 2017, cuando el Ministerio Público lleva adelante investigaciones por la supuesta comisión de los delitos contra la Administración Pública y Blanqueo de Capitales, relacionadas con los proyectos que formaban parte del Plan para el Reordenamiento Vial de la ciudad de Panamá, específicamente la rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá, en el Casco Antiguo, y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz de los años 2009-2014.
En este caso existen declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento de funcionarios y exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General de la República, así como de entidades financieras.
Se cuenta con información bancaria de la República de Panamá relacionados a la empresa y particulares los cuales han sido analizados a fin de corroborar la información y determinar la trazabilidad de los mismos.
La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.
