La Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción representada por las fiscales Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios, participaron de la audiencia en el caso Odebrecht, donde se encuentran 23 personas acusadas por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
A su llegada, la fiscal Ruth Morcillo indicó que el Ministerio Público se encuentra preparado, para sustentar la condena por el delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado contra estas personas.
Hay 4 imputados que pasaron a ser investigados por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por ser diputados del Parlacen y un imputado bajo trámite de un amparo de garantías que se encuentra en apelación por parte de la Procuraduría.
Antes que iniciara la audiencia se validaron dos acuerdos de pena, con dos imputados, uno por 40 meses y otro por 21 meses más la devolución del dinero blanqueado, acto que se realizó en reserva a petición de las partes.
Se prosiguió con la lectura del auto de apertura a juicio del caso que mantiene más de 480 fojas de 2,800 tomos.
En esta causa se encuentra un expresidente de la República (2014-2019), 6 exministros entre otros exfuncionarios, empresarios y particulares.
Esta investigación inicia desde el 2017 en la cual el Ministerio Público; mediante herramientas de colaboración eficaz internacional se logró que a través de las declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y su propio país, se consiguió establecer como esta empresa pagó a funcionarios panameños, para obtener el beneplácito para construcción de obras en nuestro país a través de la caja 2 de Odebrecht.
Según la investigación Odebrecht actuaba por medio de la División de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos a funcionarios públicos, por medio del mecanismo de sociedades anónimas en varias jurisdicciones como Belice, Uruguay, Países Bajos, Bahamas, Bolivia, Chipre y Panamá.
Las declaraciones que están en el expediente producto de la colaboración internacional de Brasil, Suiza y Estados Unidos, queda claro por la propia empresa que reconocen que hacían los pagos de sobornos.
La estructura era compleja, a través de testaferros, sociedades y cuentas facilitadas por la empresa, a través de terceros para recibir el dinero ilícito.
Sobornos por alrededor de 439 millones de dólares pagó la constructora, no sólo en Panamá sino en otros países como; Colombia, México, Angola, Mozambique, Perú, Ecuador Venezuela, Argentina, República Dominicana.
En este caso hay 19 personas condenadas y más de 80 millones recuperados.
La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.
