En acto de audiencia preliminar, en el Juzgado Décimo Cuarto, en el caso por el delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, la Fiscal Anticorrupción Especial, Tania Sterling, pidió llamar a juicio a 16 personas, señalando en sus alegatos que el banco de la familia panameña, fue malversado por funcionarios para intereses particulares.

Explicó que el patrimonio de la Caja de Ahorros tiene los aportes del Estado Panameño por ende hay aportes de dinero público.

Destacó la Fiscal Sterling que existe un hecho punible consumado, ya que la entidad bancaria tuvo que ejercer la jurisdicción coactiva para poder recuperar el dinero, después de tres años de otorgado el préstamo.

Se tramitó el préstamo que no estaba contemplado en el Manual de Créditos de la entidad bancaria y en dos días luego que ingresa la solicitud se aprobó el mismo sin que existiese orden de proceder de la obra y sin verificar las garantías que se daban.

Una vez aprobadas dichas líneas de crédito manifestó la fiscal, que en quince días se otorgaron 3 cheques que supuestamente iban a ser utilizados para construir el Centro de Convenciones de Amador a través del consorcio HP Contratas – P&V sin embargo, varios de los dineros fueron a parar a cuentas de otras sociedades para pagar prestamos que se debían a una casa de valores.

Los cheques del préstamo se expidieron a pesar que el contrato del préstamo no había sido inscrito en el Registro Público, ni se había dado el permiso de construcción de la obra que eran requisitos sin los cuales no se podía desembolsar ningún dinero.

Igualmente la finca que se usó como aval para el préstamo no mantenía el valor suficiente para servir de garantía, ni se verificó la solvencia del consorcio ni la de los fiadores solidarios.

Señaló la fiscal Sterling que hubo un trato preferencial para estas personas, encontrándose todos los presupuestos de tipo penal que acreditan la malversación de fondos en contra de la entidad bancaria, cuyo principal objetivo es servir para otorgar préstamos a viviendas de interés social y ahorros como lo establece el artículo 1 en su párrafo 2 de la ley de la Caja de Ahorros.

Por su parte el fiscal Anticorrupción de descarga, Adecio Mojica basó sus alegatos en los particulares a los cuales también se les imputó cargos por el delito contra la administración pública, señalando que se aprovecharon del caudal del Estado para solicitar préstamo para pagar dineros que adeudaban, a través de una construcción que nunca se culminó.

En este primer día de audiencia preliminar alegó el Ministerio Público y se programó para el martes, miércoles y jueves que culmine la audiencia con los alegatos de los abogados defensores sistema que determinó la juez Décimo Cuarta Vilma Urieta. Este acto de audiencia se ha suspendido en cuatro ocasiones.

La fiscalía solicitó que este acto de audiencia se hiciera en una sala más amplia por la cantidad de imputados y también que la audiencia fuera de acceso público, sin embargo, el tribunal señaló que no pudo conseguirse ningún otro salón para celebrar la audiencia.

El bien jurídico es la correcta administración pública, no la lesión patrimonial, aseguró la fiscal Sterling.

Y. Rivera.