El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, logró sentencia de 10 años de prisión por acuerdo de pena emitida por el Juzgado de Garantías en Panamá Oeste que impuso, además, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de dos años, a un ciudadano panameño, por delito de tráfico ilícito de migrantes, en su modalidad agravada.

Los hechos acaecieron el 16 de marzo de 2021, cuando Frank Aizprúa Amaranto, fue aprehendido a bordo de un vehículo tipo taxi, junto a dos menores, migrantes irregulares, procedentes de Bangladesh.

En la audiencia de validación de acuerdo de pena, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Esperanza Montenegro, de la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Los migrantes se mantenían bajo custodia en un albergue en la provincia de Panamá Oeste. Los menores de edad, que buscaban llegar a los Estados Unidos de América, previa coordinación con el sentenciado, se evadieron del albergue y abordaron el auto que éste conducía y que los esperaba fuera del recinto, para facilitarles la salida del territorio nacional; no obstante, por la rápida acción de la Policía Nacional, se logró rescatarlos.