Inició el día 22 del caso Odebrecht con el alegato la fiscal Thalia Palacios, solicitando sentencia condenatoria para dos acusados de nacionalidad peruana. Los mismos recibieron y transfirieron fondos ilícitos a diferentes cuentas, entre ellas a una ubicada en Suiza que luego transfiere el dinero a Panamá a fin de financiar la campaña de un excandidato presidencial, también imputado en la investigación.
La Fiscal sostuvo que la declaración de colaboradores corrobora que, dentro de una entidad panameña, existían ejecutivos encargados de apertura cuentas bancarias que eran operadas por el Departamento de Operaciones estructurales de Odebrecht.
Los ejecutivos de la entidad bancaria fueron condenados también a través de acuerdos de pena y admitieron que mantenían seudónimos y utilizaban el sistema “drousys” para comunicarse con los operadores de las cuentas y de esta forma transferir los fondos ilícitos y justificar al oficial de cumplimiento cualquier requerimiento.
Estableció además la responsabilidad penal para un excandidato a presidente durante la contienda 2014-2017 quien a sabiendas que no podía recibir dinero de empresas extranjeras, constituye una sociedad en Belice y abre cuenta en Suiza, es allí donde recibe fondos de una sociedad vinculada a la Caja 2 de Odebrecht.
La campaña presidencial obtuvo donaciones privadas por el orden de aproximadamente 34 millones de dólares y aparte se pagaron $3 millones a publicistas y la empresa Odebrecht pagó a los publicistas 11 millones de balboas.
Indicó la Fiscal que se identificaron operaciones fragmentadas, triangulaciones y transferencias que buscaban dificultar la trazabilidad del dinero y que los movimientos se dieron dentro de la candidatura política del señalado. Hechos por los cuales la Fiscalía pide sentencia condenatoria para el excandidato presidencial; de esta forma concluyó sus alegatos.
Prosiguió la fiscal Palacios para culminar, indicando que el Ministerio de Seguridad como querellante, hizo una serie de acciones civiles que buscaban recuperar ese dinero que el Estado necesita resarcir producto de la comisión del delito.
Dijo además que existe un auto de llamamiento a juicio que da por acreditada la existencia del delito, el Ministerio Público como representante de la sociedad y garante de los intereses públicos por Constitución y emitió el concepto correspondiente en cada una de estas acciones que fueron presentadas.
Afirmó que el delito de blanqueo de capitales no constituye un ilícito de afectación individual, sino que atenta contra el orden económico, la trasparencia del sistema financiero, la credibilidad institucional del país, el cumplimiento de compromisos internacionales y la reputación de un país y de sus ciudadanos.
El Estado panameño como garante del sistema financiero y el orden económico nacional resulta lesionado cuando su plataforma jurídica y bancaria es instrumentalizada para legitimar capitales ilícitos. En la presente investigación ha quedado acreditada la incorporación de sociedades y el uso de estructuras financieras y comerciales con la intención de ocultar, disimular, encubrir y utilizar los dineros ilícitos recibidos en ocasión de actividades relacionadas a la corrupción (peculado), soborno internacional y otros delitos precedentes que se observan en las diferentes investigaciones llevadas en países que también se vieron afectados por esta conducta antijuridica y que el Tribunal da por acreditado al momento de emitir el auto de llamamiento juicio número 9 de noviembre de 2021.
Esta reclamación a favor del Estado está contemplada en nuestro ordenamiento nacional y como signatarios de Convención Interamericana estamos obligados a acatar las mismas y en ese sentido la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción consagra la indemnización por daños y perjuicios. Las consecuencias por este caso son a nivel internacional.
El Ministerio Público solicita que se realice la valoración correspondiente a cada una de las acciones civiles que han sido presentadas.
La fiscal superior Ruth Morcillo, por su parte, señaló que deja constancia al Tribunal de las solicitudes de comiso de cuentas y bienes aprehendidos con relación a las cuentas que están en el extranjero aprehendidas en Andorra, en Suiza y dos cuentas en Reino Unido, dos en España y una en Suiza que corresponden a personas aforadas, cuenta en el extranjero de la sociedad Allure Consulting, bienes aprehendidos que corresponden a personas en rebeldía y 5 fincas de personas aforadas.
Señaló que el resto de cuentas y fincas están bajo la responsabilidad de otro Tribunal.
Se continuó con el abogado Carlos Antúnez representado al Ministerio de Seguridad Pública, quien hizo referencia indicando que como querella se ha acreditado la comisión del delito a varios de los imputados en esta causa, que su decisión se fundamente en la prueba y la Constitución.
Prosiguieron los abogados de los imputados con sus alegatos.
Mañana jueves, 26 de febrero, se espera continúen los alegatos de los abogados defensores.
La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.
