La Procuraduría General de la Nación, representada por los fiscales Aurelio Vásquez, Edwin Juárez, Javier Cuadra y Manuel Barrías, participaron del séptimo día de audiencia ordinaria con el inicio de la presentación de los alegatos del Ministerio Público ante la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, seguida a 18 personas imputadas por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y por corrupción de funcionarios públicos, en la investigación denominada Blue Apple.

A su llegada, el fiscal Superior Aurelio Vásquez indicó que la Fiscalía Anticorrupción solicitará la pena máxima para estas personas por el delito de blanqueo de capitales, cuya pena oscila entre 5 y 12 años de prisión; asociación ilícita, de 6 a 12 años; y corrupción de servidores públicos, de 3 a 6 años.

Se inició la sesión de hoy miércoles, 30 de agosto de 2023, con el testigo Federico Barrios, representante de Blue Apple Services, quien fue preguntado por cuatro abogados defensores y repreguntado por el fiscal Javier Cuadra.

En el alegato el fiscal Aurelio Vásquez, destacó que la causa inició con un informe de inteligencia policial que hacía referencia a la sociedad anónima Blue Apple Services, creada por varias personas con el propósito de disfrazar o blanquear dineros (incluidos  miembros del gobierno del período 2010-2014), presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción a nivel nacional para lo cual utilizaron cuentas bancarias o de inversión de dicha sociedad.

Señaló también que, durante la investigación iniciada el 30 de octubre de 2017, se estableció que una serie de empresas, en su mayoría vinculadas al desarrollo de proyectos de construcción, recibieron desembolsos por parte del Estado, y éstas a su vez, realizaron pagos en concepto de ayuda política a la persona jurídica de Blue Apple Services Inc., entre otras, a través de distintos esquemas y que manejó cuentas en diferentes bancos por más de 40 millones de balboas, los cuales eran alimentadas por fondos ilícitos.

Las empresas que alimentaban la cuenta de Blue Apple Services eran las constructoras Rodsa, Meco, Bagatrac, Ingeniería Rec, GS Constructors y Conalvias, que mantenían proyectos con el Estado.

Los dueños de estas empresas fueron citados por Jorge Ruíz, de la Dirección de Contratos del MOP, para que entregaran un porcentaje del contrato entre el 7% y el 8%, y a cambio de eso, se agilizaban los trámites para los pagos de los proyectos contratados.

Los contratistas de las empresas lograron acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción llevando también a la recuperación de dinero.

Como datos relevantes, el Fiscal detalló los pagos o ayuda política que oscilaban del 1 al 10%; señaló que la persona que tenía más poder en el MOP era Jorge “Churro” Espino, después del Ministro de Obras Públicas, el estructurador societario era Federico Barrios Alaín y el bancario Joaquín Rodríguez de Vicepresidente de Factor Global.

Se utilizó la figura de factoring, como herramienta de financiamiento de los contratistas. La investigación de la Fiscalía abarco varias dependencias MOP, MIVI y PAN.

Continuó el fiscal Manuel Barrías detallando la vinculación de representantes legales de la sociedad fantasma Budessa S.A., que presentó facturas para justificar cesión de crédito de movimientos de dinero de entrega del soborno dirigido a Blue Apple.

Además, de la vinculación de Luis Antonio Donadio, que ofreció la creación de sociedades anónimas a Federico Barrios, igualmente expuso el fiscal sobre la responsabilidad de Alcides Bernal también quien mantenía una sociedad y Valentín Martínez Vásquez por la Fundación El Olimpo, vinculados a Blue Apple, además detalló el pago para la compra de acciones de una sociedad denominada Bristol Resort que era dueña de la villa N°26 en Buenaventura Resort la vinculación de Ricardo Francolini quien figura como el beneficiario real de Blue Apple, quien además adquirió un bien inmueble por 250 mil balboas.

En total, la Fiscalía Anticorrupción pidió en esta primera fase de alegatos condena para 7 personas por blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y corrupción de servidores públicos. Mañana jueves se continuará con los alegatos de la Procuraduría General de la Nación.