La Procuraduría General de la Nación, representada por los fiscales Aurelio Vásquez, Edwin Juárez, Javier Cuadra y Manuel Barría, participaron del primer día de audiencia ordinaria ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, representado por la juez Baloisa Marquínez, en contra de 18 personas imputadas por el Ministerio Público por el delito de blanqueo de capitales, asociación ilícita y por corrupción de funcionarios públicos en la investigación denominada Blue Apple.

En este caso se realizó una ruptura procesal de dos diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, al Pleno de la Corte, el cual es competente para resolver la situación jurídica de éstas personas.

Al inicio de la audiencia, abogados solicitaron homologar acuerdos de pena realizados con la Fiscalía Anticorrupción, el día antes de la audiencia, por lo cual la juez Baloisa Marquínez procedió a validarlos con el fiscal Edwin Juárez en reserva; en los mismos se pidió el comiso de 9.2 millones. Por otra parte, el Fiscal declaró no viable un Acuerdo de Colaboración presentado por un exministro de Obras Públicas del período 2009-2012.

Se prosiguió con la lectura del Auto Mixto No. 4 de llamamiento a juicio para los imputados donde se destacaron proyectos de construcción a nivel nacional donde se giraron cheques de diversas sociedades que se crearon para ir a parar a la cuenta de Blue Apple Services, por altas sumas de dinero y facturas falsas, como parte de sobornos pedidos como ayuda política, detalle brindado por los contratistas del Estado en sus descargos quienes, además, señalaron a un exministro de Obras Públicas (2009-2011) de solicitar las ayudas procedentes del delito de corrupción de servidores públicos.

Esta investigación inició el 30 de octubre de 2017, a través de un Informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada por varias personas (miembros de la administración de gobierno del período 2009-2014 con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de darles apariencia legitima.

El Ministerio Público logró recuperar 32 millones de balboas que fueron malversados del Estado panameño, de los 82 millones que fueron utilizados para el blanqueo de capitales a través de sobornos.