El día 29 de octubre de 2018, se celebró audiencia de imputación, por la comisión de delito Contra la Fe Pública, donde el Ministerio Público, sustentó los elementos con que cuenta para demostrar no solo la comisión de delito, sino la vinculación de sus responsables. El Juzgado de Garantías validó la imputación y aplicó la medida cautelar de prohibición de salida del territorio nacional.
Se imputó a la representante legal de la sociedad JG P C, y a la persona que manejaba los usuarios y contraseñas del programa SIPE.
Dentro de la investigación preliminar se pudo determinar que la sociedad JG P C, desde el mes de septiembre del año 2016 hasta marzo del año 2017, registró un total de 184 afiliaciones de personas extranjeras a la Caja de Seguro Social a través de la plataforma del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE).
Durante el curso de la investigación, se demostró que la empresa JG P C, se inscribió a la Caja de Seguro Social, solo para registrar extranjeros, como presuntos trabajadores; sin embargo, la empresa como tal no tenía una estructura física, ni mucho menos, existía una relación laboral. Las afiliaciones se daban para cumplir los requisitos de regularización que exige el Servicio Nacional de Migración.
El día 13 de agosto de 2018, se legalizó mediante audiencia de control posterior de legalidad-Incautación de Datos, información extraída de la Base de Datos del SIPE, referente a las afiliaciones realizadas por el empleador sujeto de investigación.
D. Lemos.
