La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada informó sobre la aprehensión de un nuevo miembro vinculado a la red de Tráfico Ilegal de Migrantes, por lo que suman once personas las que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.
Los primeros diez miembros de esta red que fueron capturados por la Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) el 26 de enero, comparecieron a una audiencia de control realizada el pasado sábado 28 de enero, donde un juez legalizó la aprehensión, imputó cargos a los indiciados y ordenó las medidas cautelares de detención provisional.
Por su parte, la última persona capturada en esta red de tráfico ilegal de migrantes, pertenece a la comunidad de Guna Yala y será llevado a audiencia en las próximas horas.
Durante la audiencia mediante el Sistema Penal Acusatorio, a dos funcionarios del Servicio Nacional de Migración del control del distrito de Chepo, se les imputó el delito de Tráfico Ilegal de Migrantes y se les ordenó la separación del cargo.
Esta red que fue desarticulada también estaba integrada por ciudadanos panameños y de origen chino. Por este caso hay hasta el momento 20 víctimas, siete de las cuales ya fueron rescatadas por las autoridades, incluyendo una menor de edad de seis años, confirmó el fiscal Marcelino Aguilar.
Las víctimas fueron ubicadas en diversos comercios en el corregimiento 24 de Diciembre y puestas a órdenes de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas (UPAVIT), del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Migración y Secretaria de Niñez y Adolescencia (SENNIAF) en el caso de la menor de edad.
El Ministerio Público cuenta con 6 meses para culminar la investigación tiempo otorgado por el juez de Garantías, donde no se descarta que haya más de 100 víctimas.
La Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado, realizó 9 diligencias de allanamiento en diversos sectores de Pedregal, Condado del Rey, San Miguelito, Las Cumbres, 24 de Diciembre y Panamá, para poder ubicar a los responsables de este ilícito.
El Artículo 256-F del Código Penal, destaca “que quien dirija, financie, colabore o facilite en la entrada y salida del territorio nacional de personas con fines de tráfico ilícito de migrantes, aun con el consentimiento de estos, será sancionado con prisión de 15 a 20 años”.
