La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por delitos contra la administración pública a 5 personas entre estos dos exfuncionarios (uno de ellos Alcalde) al cual se le aplicó medida de detención provisional y al otro servidor público brazalete electrónico al igual que a los 3 contratistas del Estado. Estas personas fueron aprehendidas mediante el Operación Sanidad desplegado por la Procuraduría General de la Nación, la Dirección e Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial, en las provincias de Panamá Oeste, Herrera, Los Santos y Panamá, el pasado 3 de julio de 2025.

Lo anterior por la investigación en el caso del Programa de Sanidad Básica, suscrito entre el Ministerio de la Presidencia en representación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) y varias empresas para la construcción de unidades sanitarias, en distintos lugares de difícil acceso en el interior del país.

Mediante el informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, se determinó que se dio una lesión al Estado en estos proyectos ubicados en Ocú, provincia de Herrera por un monto de B/. 166,457.36, El Valle, provincia de Coclé por B/. 303,345.39, en los corregimientos de Mogollón, Bajo Güera, Espino Amarillo, Bahía Honda, El Cedro, La Mesa y Las Palmas por B/. 718,874,24, en El Caño distrito de Nata por B/. 186,118.85.

En Horconcito, provincia de Chiriquí por la suma de B/. 64,735.42, en Villa Lourdes, distrito de Los Santos por B/. 105,956.92, en Capurí, distrito de Los Pozos en Herrera por B/. 93,646.47 en Santa Isabel, provincia de Colón, B/. 257,272.94, por la totalidad del dinero pagado en concepto de anticipo y supuestos avances de obra, ya que, según lo contratado por el Estado, cada unidad básica (0 letrina) tenía un valor de B/. 3,300.00 por unidad sanitaria que no fueron en algunos casos terminadas y en otros no fueron iniciadas.

La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.